Ecuador contra el canon digital

Hace tiempo que las sociedades de gestión de derechos de autor han buscado medidas compensatorias por la supuestas pérdidas provocadas por las copias digitales. Sus mecanismos son variados: desde demandas colectivas por descargas hasta cargas económicas para “redimir los daños”. Precisamente en este último rubro se encuentra Ecuador, que desde hace algunos meses discute un canon digital contra dispositivos y soportes de almacenamiento.

Al respecto, conversamos hace un par de días vía Skype con Alfredo Velazco, miembro de la agrupación Usuarios Digitales y uno de los promotores de la resistencia contra la Remuneración Compensatoria por Copia Privada (RCCP).

Una propuesta vieja de una ley vieja

La propuesta de Remuneración Compensatoria por Copia Privada se hizo pública en diciembre de 2013, sin embargo, Alfredo comenta que se ha discutido desde hace un año y medio o dos. Este canon, propuesto por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) propone una tasa a importadores de 4% a 10% para dispositivos que cuenten con un reproductor de audio y vídeo  (computadores, tabletas, teléfonos móviles), así como plataformas de soporte (memorias USD, CD, DVD, etcétera).

La RCCP tiene su fundamento legal en la Ley de Propiedad Intelectual, emitida en 1998. En dicho documento se estipula un cobro para soportes físicos como diskettes, cassettes, cintas de vídeo, entre otras. En la realidad, esta medida no ha tenido efecto desde 2004 y, de acuerdo con Alfredo, únicamente se ejerció una o dos veces antes de caer en el desuso.

Aunque el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual es quien impulsa esta medida, detrás se encuentra la Entidad Recaudadora Única por Copia Privada de Fonogramas y Videogramas del Ecuador (Enrucopi), una sociedad de gestión que sería la encargada de recaudar y distribuir los fondos obtenidos por el RCCP entre sus agremiados.

Cobrar por un futuro hipotético

“La medida busca implementar una remuneración compensatoria por copia privada; cobrarle a los ecuatorianos un porcentaje por presunción de copia”, señala Alfredo. El RCCP se basa en la idea de que todo dispositivo que pueda almacenar obras protegidas por el derecho de autor será utilizado con tal fin. “Criticamos que el reglamento vaya contra la presunción de inocencia. Uno debería pagar cuando se usa [una obra], no porque presumiblemente se use”, comenta el entrevistado.

El IEPI defiende su postura al señalar que no se basa el reglamento en la presunción del delito, sino en que la gente accede de forma legal a las obras y que la generación de una obra derivada requiere una compensación. Al respecto, el grupo de Usuarios Digitales, junto con Creative Commons Ecuador, han hecho notar dos argumentos muy valiosos:

  • No todo acceso a material de manera legal se realiza a través de un pago, ni requiere pago para una copia.
  • En el ámbito digital no hay pérdida de ingreso por la duplicación (no es copia privada) de un contenido, algo que si ocurre en el ámbito no-digital.

Sus posturas son muy válidas, pues el RCCP no reconoce que ciertas obras –como aquellas bajo licencias Creative Commons– pueden ser reproducidas y difundidas sin costo sin que esto implique algo ilegal. Así mismo, la generación de una copia digital no disminuye el valor de la original ni una pérdida o robo.

El aspecto económico

A pesar de que la medida está destinada a los importadores –y, en teoría, no debería reflejarse directamente a los consumidores– Alfredo señala que toda la cadena de valor se verá afectada, al haber costos adicionales para la industria. “Una tasa adicional genera una barrera para acceder a los dispositivos; finalmente, es también una barrera para acceder al conocimiento”, indica.

Los opositores al RCCP critican que este canon va en contra de la dirección actual del gobierno de Ecuador, que busca masificar el acceso a Internet y fomentar el libre acceso al conocimiento.

“Se deben armonizar las políticas públicas –recalca Alfredo– para que plasmen las observaciones del público, de quienes afectan, no sólo del gremio”.

En ese sentido, Alfredo cuestiona de dónde proviene el porcentaje designado para el canon: “¿De dónde salió la cifra? Hay disparidad sobre los ingresos. Asetel dice que serán 70 millones de dólares; IEPI, 30 millones. No se saben las cifras.”

Otro que ha sumado una crítica importante a este aspecto es Carlos Correa “Calú”, líder del grupo Creative Commons en Ecuador, específicamente sobre el papel de las sociedades de gestión. “Se otorgan facultades públicas a empresas privadas para la recolección y distribución del dinero recaudado, además de la poca claridad y mínima practicidad en las reglas de repartición”, mencionó en una entrevista.

El debate necesario

A raíz del conocimiento público de la medida, se ha impulsado el movimiento #EcuadorNoEsCopión, que ha dado salida al tema a través de las redes sociales. El RCCP ha comenzado a captar las miradas fuera de Ecuador, con el seguimiento de medios alternativos como Global Voices o de personajes relevantes como Enrique Dans.

Alfredo confiesa que hay otros países como España o México que han tenido mayores experiencias con iniciativas de este tipo y que Ecuador está ante un debate crucial. El gobierno está trabajando desde diciembre en una nueva Ley de Propiedad Intelectual, ya que derogará la anterior y redactará una prácticamente desde cero. “Debemos impedir el canon ahora para que esto no se repita en el nuevo código”, explica.

Entre las propuestas que ha hecho la sociedad al IEPI está la apertura de un wiki para recabar observaciones ciudadanas. También han sugerido que el canon se lleve a comisiones en la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional; y que, llegado el caso, se introduzcan artículos muy específicos para no tasar todos los dispositivos –a la fecha, ni siquiera existe el borrador del RCCP o no se ha hecho público–.

El IEPI está a tiempo de incorporar las opiniones ciudadanas. Ya se han establecido mesas de trabajo y se busca mayor apertura. “Sabemos que hay una necesidad y una ley”, admite Alfredo; sin embargo, los intereses de los agremiados no deben quedar por encima de los de la sociedad civil. Como indica también Carlos Correa: “[el RCCP] fomenta una política estatal de beneficio a un grupo reducido de personas a cambio de un perjuicio general de toda la población.”

Ecuador, estás a tiempo de tomar la decisión correcta. Aprende de los errores.

Agradezco a Alfredo Velazco por el tiempo concedido para la entrevista. Para saber más del tema, también pueden seguir al colectivo Ecuador no es copión, a la asociación Usuarios Digitales o al capítulo ecuatoriano de Creative Commons

fuente: FayerWayer

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